- “A partir de la detención arbitraria incrementó nuestro riesgo, tuvimos que desplazarnos, cada día se agravan los impactos que enfrentamos en nuestra salud, nuestro proyecto de vida y nuestro tejido comunitario”, señaló la defensora
El día de ayer, 18 de septiembre inició la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU con el objetivo de evaluar la situación de la detención arbitraria en el país.
En este marco, se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión entre los integrantes del Grupo de Trabajo y alrededor de 45 personas defensoras y representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Uno de los ejes temáticos centrales abordados durante la reunión fue el de la situación de detenciones arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, María de Lourdes López Velasco, de Consorcio Oaxaca, destacó el carácter sistemático de este mecanismo en la historia de México, llegando a su cúspide durante el sexenio de Enrique Peña Nieto e impactando en que, durante este periodo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias emitiera ocho opiniones sobre la detención de un total de 32 personas defensoras; 29 de ellas de Oaxaca, la gran mayoría indígenas. Recordó que hasta la fecha ninguna de estas opiniones ha sido implementada a cabalidad.
La abogada María de Lourdes López continuó enfatizando que es urgente garantizar el cumplimiento de dichas opiniones mediante la adopción inmediata de un plan de comunicaciones, colaboraciones estructuradas y acciones precisas entre el Grupo de Trabajo y las autoridades mexicanas responsables.
A su vez, Yolanda Pérez Cruz, defensora comunitaria y esposa del defensor zapoteco privado injustamente de la libertad Pablo López, señaló que es urgente que el Estado Mexicano libere a todas las personas defensoras injustamente privadas de la libertad y en primer lugar a Pablo López Alavés, quien lleva 13 años injustamente detenido y quien es el último defensor de derechos humanos beneficiario de las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre casos de personas defensoras a permanecer injustamente privado de la libertad.
Señaló que el caso de Pablo López es emblemático de los graves impactos que genera la detención arbitraria mismos que se hacen cada día más profundos a más de 13 años de injusta prisión.
El proyecto de vida del Pablo, de su familia y comunidad se han visto profundamente trastocados. “Estamos desplazadas forzosamente, enfrentamos alto riesgo, graves impactos en nuestra salud, pero también a nivel comunitario donde la tala ilegal que denunciaba Pablo López ha continuado. Llamamos al Gobierno Federal a asumir con sensibilidad y seriedad la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo de la ONU y a liberar a Pablo López, Pablo es inocente, está en prisión por defender la vida y la naturaleza de nuestra comunidad.” concluyó.
Entre otras temáticas abordadas por representantes de la sociedad civil durante la reunión fueron diversos aspectos estructurales tales como la tortura y la militarización; así como la situación diferenciada y atención prioritaria necesaria para algunas poblaciones más vulnerables a vivir detenciones arbitrarias y que enfrentan impactos diferenciados como son juventudes, mujeres o población migrante.
